Los agentes detenidos son Darío Ossnali Zúñiga y Milvia Ester García González, ambos de 23 años, originarios de Jutiapa, sindicados de robo agravado y abuso de autoridad.
La orden de captura fue girada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delito contra el Ambiente.
Los miembros de la Policía a la hora de ser detenidos prestaban servicio en la subestación 23-11 del departamento de Chiquimula, informó la PNC.
Mientras que a inmediaciones de la calle Honduras, avenida Alvino Pérez, barrio Santa Teresa, en Nueva Concepción Escuintla, Guatemala, la PNC capturó a tres presuntos secuestradores.
Los detenidos son Juan Francisco Tilico Cruz, de 21 años, Ítalo Danilo Florián, de 20, y Gilberto Díaz Marroquín, de 43, a quienes se les incautó un revólve, calibre 44, una pistola, con el número de registro borrado y un picop marca Ford Ranger, modelo 2000 color Corinto.
Además, en el interior del vehículo se decomisaron tres cartuchos útiles, calibre 9mm, seis abrazaderas de plástico para atar a sus víctimas, tres pares de guantes, un rollo de cinta adhesiva y tres teléfonos celulares.
De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía en los celulares se encontraron mensajes en los que se preguntaban datos de personas que posiblemente serían secuestradas.
La PNC en coordinación con autoridades del Ministerio Público hallaron en el kilómetro 82.5, una plataforma con la numeración borrada y un cabezal con reporte de robo el 24 del presente mes.
El MP informó que en la granja se encontraba una pipa vacía, a la que los delincuentes estaban lijando para cambiarle el color. Los agentes investigan si la pipa fue robada cargada con combustible.
Esto como parte de los 60 allanamientos realizados por autoridades en diferentes puntos de Guatemala.
Los manifestantes dieron a conocer que fueron afiliados al sindicato sin su autorización, por lo que se dirigieron a las oficinas del STEG para presentar su renuncia, pero estas se encontraban cerradas.
Según informó Emilia Cabrera, representante de un sector de maestros de la zona 7, realizaron una parada frente al Congreso, donde fueron recibidos por los diputados Amílcar Pop y Mario Torres, quienes les manifestaron su apoyo.
La marcha dio inicio en la Plaza de la Constitución y se dirigía al Ministerio de Trabajo, ubicado en la zona 1 de la capital, para entregar las cartas, agregó Cabrera.
Los maestros tienen pensado elegir a nuevos dirigentes del STEG, indicó Alicia Arellano, del Sindicato Autónomo Magisterial Guatemalteco.
Los educadores llegaron a la capital desde distintos departamentos del país.
Las organizaciones realizaron en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la capital, una exhibición con fotografías de decenas de desaparecidos.
Entre ellas figuró la de Serge Berten, un seminarista belga de la Congregación del Inmaculado Corazón de María que fue detenido por las fuerzas de seguridad el 14 de enero de 1984 en el municipio sureño de Mixco, y desde entonces se desconoce su paradero.
También la de Edgar Fernando García, un estudiante universitario y dirigente sindical detenido y desaparecido el 18 de febrero de 1984, delito por el que fueron condenados a 40 años de prisión en octubre de 2010 dos antiguos agentes de la extinta Policía Nacional.
En declaraciones a Efe, la dirigente de la Fundación de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), Aura Elena Farfán, recordó que la práctica de las desapariciones forzadas en Guatemala comenzaron en 1966.
Farfán dijo que desde el 15 de mayo de 1984 busca a su hermano Rubén Amilcar, estudiante de la estatal Universidad de San Carlos (Usac) y dirigente sindical, quien fue detenido por las fuerzas de seguridad y hasta hoy no lo ha podido encontrar.
Durante la actividad, en la que los familiares portaron globos blancos en algunos de los cuales se leía "Dónde están nuestros hijos e hijas", los activistas demandaron al Congreso la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada.
La iniciativa para la creación de esa instancia se presentó en 2006 y pese a que ya existe un dictámen favorable, los diputados "no tienen interés de aprobarla", dijo Farfán.
En un comunicado, Famdegua, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) y el Centro Internacional para Investigaciones de Derechos Humanos (CIIDH) exhortaron al Organismo Legislativo a incluir en la agenda la iniciativa de Ley 3590 que crea esa comisión.
La mayoría de los 45,000 desaparecidos fueron campesinos, dirigentes sociales, estudiantiles, políticos, religiosos y catedráticos que fueron considerados "enemigos" por el Estado.
Guatemala, según las organizaciones humanitarias, es el país latinoamericano con más casos de desaparecidos.
El organismo precisó que los 80 indocumentados, 9 de ellos menores de edad, fueron interceptados en acciones de verificación migratoria en autobuses de pasajeros y operativos para combatir la trata de personas en tres estados del país.
En un comunicado, el INM indicó que el grupo más numeroso de inmigrantes se detectó en el central estado de Puebla, donde agentes encontraron 61 centroamericanos que "no pudieron acreditar su estancia legal en el país" durante inspecciones a autobuses de pasajeros con destino a la frontera norte.
De estos 61, 43 son guatemaltecos, 15 hondureños y tres salvadoreños, indicó la institución, que no precisó la fecha de los operativos.
En Jalisco, en el oeste de México, fueron hallados 7 hondureños y 4 guatemaltecos en un operativo para la prevención de trata de personas realizado en las inmediaciones de las vías del tren en el municipio de Zapopan.
Además, en el estado occidental de Nayarit funcionarios del INM interceptaron a 8 ecuatorianos que viajaban en un autobús de pasajeros con rumbo a la frontera con Estados Unidos.
Los inmigrantes fueron trasladados a estaciones migratorias mexicanas para ser repatriados a sus países de origen.
La funcionaria explicó que la visión es “la operatividad de la lucha contra el crimen organizado, no solo en está área sino en otros lugares”.
Una serie de instituciones participan en la nueva fuerza de tarea, como la Superintendencia de Administración Tributaria, Ministerio Público, Organismo Judicial y Gobernación entre otras.
El gobierno de Estados Unidos apoyó con la entrega de 42 vehículos blindados que serán utilizados para el desplazamiento de los integrantes.
La instancia está integrada por más de 200 personas de las entidades ya descritas.
El acuerdo gubernativo 277-2013 que da vida a la fuerza de tarea, establece que realizará operaciones combinadas para prevenir, combatir y desarticular acciones criminales.
Velásquez sustituirá en el cargo al fiscal costarricense Francisco Dall'Anese, quien renunció al cargo con fecha 1 de septiembre y ya se retiró del país.
El nuevo titular de este organismo de Naciones Unidas en Guatemala, fue nombrado durante 2006 en su país, cuando las indagaciones de los cuerpos paramilitares de ultraderecha comenzaron, como coordinador de la estructura de la Corte Suprema encargada de investigar estos casos.
Durante seis años se desempeñó a cabalidad, sorteando no sólo amenazas y seguimientos del mismo Departamento Administrativo de Seguridad, sino complots insuficientemente resueltos por la justicia, que tenían como fin desprestigiarlo a como diera lugar.
Tal es el caso ‘Tasmania’, en el que intentaron enlodarlo, pero del que salió bien librado y fortalecido para adelantar más procesos de la parapolítica.
En 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Velásquez.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó ayer al Ministerio Público que la sábana localizada el 21 de agosto último en una zona boscosa de carretera a El Salvador, en la entrada hacia Olmeca, zona 2 de Fraijanes, no posee restos, indicios o muestras de ADN de Cristina Siekavizza.
Después de haberla sometido a varias pruebas, no se localizaron fluidos, restos de cabello que puedan coincidir con Siekavizza, detalla el informe.
Cristina Siekavizza fue supuestamente asesinada el 6 de julio de 2011, y su esposo, Roberto Barreda, es el principal sospechoso del hecho. La investigación detalla que la habría envuelto en una sábana y luego le pidió ayuda a un conocido para sacar el cuerpo de su vivienda.
El gasto de inversión social que maneja la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia y las gobernaciones departamentales mostró un aumento en la ejecución presupuestaria en el último mes y medio.
Germán Velásquez, secretario Ejecutivo de la Presidencia, informó que el presupuesto vigente es de Q1,871 millones, para inversión social que incluye construcción de caminos, agua potable y saneamiento, entre otros proyectos.
Según los datos oficiales, hasta agosto, se registra una ejecución del 28.5%, un avance de 13 puntos porcentuales en relación con la última evaluación que se hizo en Sololá hace 45 días, en la cual había una ejecución del 14.7%.
Velásquez aseveró que el compromiso con el presidente Otto Pérez es tener un 55% de ejecución a finales de septiembre y trabajar para pasar el 90% a finales de año.
Resaltó que las razones por las que se da este fenómeno es que ya no se trabaja con organizaciones no gubernamentales (ONG), sino en un plan de readecuación y una instauración de un proyecto para la ejecución coordinada con alcaldes que sea igual en los ámbitos financiero y físico.
Entre los departamentos con menos ejecución se encuentran Huehuetenango y Chiquimula con 18.7% y 11.1% respectivamente.
Dieciséis maestros de la Escuela No. 74 Gabriel Arriola, de la zona 7, ya presentaron su renuncia del Sindicato de Trabajadores de Educación de Guatemala (STEG), que dirige Joviel Acevedo.
El Ministerio Público (MP) iniciará juicios por desobediencia contra los patronos, del ámbito público y privado, que no acaten las resoluciones de los juzgados laborales, tales como reinstalaciones.
La jefa del MP, Claudia Paz y Paz, giró la Instrucción 05-2013, en la que ordena a los fiscales, que deben comenzar los procedimientos por los cuales también solicitarán reparación digna para la víctima.
La normativa establece que la Fiscalía de Delitos contra Sindicalistas será la unidad encargada del procedimiento y deberá localizar a las personas afectadas y garantizar la seguridad cuando la víctima este en riesgo.
Si consigue una sentencia condenatoria, la Fiscalía pedirá la reparación digna a favor de la persona afectada.
Se establece la compensación por daño material o inmaterial, restitución de derechos violentados, garantía de no repetición de los hechos, pago de costas procesales y demás gastos en que haya incurrido la víctima, sindicalistas o trabajador afectados.
El documento asegura que la disposición regula la persecución penal de la desobediencia cometida por incumplimiento de órdenes judiciales en las que se haya certificado lo conducente.
No acatan reinstalaciones
Sindicatos consultados aseguran que el incumplimiento más común de los patronos es la reinstalación de empleados que fueron despedidos por causas como formar un sindicato, estar embarazada o al haber sido despedida en período de lactancia. A esto se agrega la negativa de pagar salarios, indemnizaciones y demás prestaciones.
Un informe del Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco destaca que los procesos de reinstalación pueden tardar hasta 18 años para quedar firmes.
El analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) Luis Linares reflexiona que la disposición es algo que se planteó hace años para que sean respetadas las resoluciones judiciales.
“Es un elemento fundamental para reducir la impunidad laboral”, consideró.
David Morales, secretario de la Federación Sindical de Trabajadores de la Alimentación, Agroindustria y Similares, expresó: “existe una constante de no acatar y evitar la reinstalación”.
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Siglo.21 intentó ayer, en reiteradas ocasiones, obtener una explicación de Delbert Field, jefe de la Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Guatemala, acerca de la desaparición de Q71 millones del bolsón de garantía de proyectos asignados al Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz).
Por medio de llamadas telefónicas y visitas a las instalaciones de esa misión, ubicadas en la zona 10, el personal de esa organización informó que Field se encontraba en una reunión y no podía atender.
Ayer trascendió información extraoficial acerca de una eventual renuncia de Field de la OIM, además varios trabajadores denunciaron que fueron despepidos por el cierre de las oficinas.
El canciller Fernando Carrera declaró que no tiene información acerca del suspensión de labores de la organización e indicó que el proceso se debe realizar por medio de un cruce de cartas.
Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, considera que la situación es producto del sistema paralelo del gasto público que los gobiernos se encargaron de sofisticar.
“Se debería prohibir el traslado de fondos públicos a ONG, fideicomisos y organismos internacionales y que todo se ejecute por la vía normal (en cada dependencia del Estado), pero el problema es que tampoco reforman las leyes”, manifestó el analista.
La Contralora General de Cuentas interpuso dos denuncias en 2011, por anomalías en la construcción de una dársena en el Puerto de Champerico.
En lo que va del año, la Junta de Disciplina Judicial (JDJ) ha recibido 376 denuncias contra jueces presentadas por particulares, de las cuales el 71% (275) han sido desestimadas debido a que son casos jurisdiccionales y no administrativos.
De las 101 (29%) acusaciones a las cuales se les dio trámite, solo un 9% equivalente a 34, fue declarado con lugar y resultó en sanciones para 8 jueces, que van desde suspensión de labores, amonestaciones verbales o escritas.
El presidente de la JDJ, Mario Amílcar Marroquín, señala que la normativa de la carrera judicial establece que los jueces serán sancionados por faltas, acciones u omisiones que realicen durante losprocesos penales en los que participen.
Entre las faltas figuran anomalías en los trámites, atraso en las resoluciones, parcialidad en los casos o retardo en notificaciones (lea: La mayoría no es admitida).
Proponen cambios
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Thelma Aldana opina que más que la cantidad de denuncias el problema consiste en la integración de la Junta de Disciplina Judicial, ya que en la actualidad jueces juzgan a jueces.
“Hemos visto no adecuada la organización de la junta; ante ello se ha sugerido modificar la normativa de la carrera judicial para que los jueces sean sustituidos por magistrado de sala”, -refiere.
También se solicitó que la permanencia de los integrantes de la junta sea por cinco años y no por uno como funciona actualmente.
“Los cambios que menciono ya fueron entregados al Congreso de la República hace algunos meses”, agrega.
En el mismo tema, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, Manuel Alfredo Marroquín Pineda, asevera que muchas de las quejas administrativas se deben a la burocracia que existe.
“Por ejemplo, hay jueces que se atrasan en resolver porque en las sedes no tienen una impresora y no pueden tener el expediente listo en una audiencia, lo que molesta a la persona y provoca la denuncia”, afirma Marroquín.
La secretaria de la Junta Disciplinaria, Sandra González, informa que las anomalías en los trámites: atraso en las resoluciones, negligencia los procesos, parcialidad, retardos en dictar resoluciones, en emitir notificaciones, retardo malicioso los procesos son las causas más frecuentes por las que se denuncia los jueces.
“Los jueces denunciados son varios, sin embargo, de esos hay quienes tienen hasta 52 denuncias”, concluye (lea: Normas de la carrera judicial).
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Como un magistrado con experiencia que ha atendido casos delicados en Colombia, describió el presidente Otto Pérez Molina al nuevo jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez Gómez, exmagistrado y exfiscal del país sudamericano.
Velásquez fue nombrado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) sucesor del costarricense Francisco Dall’Anese.
“El jueves por la noche me llamaron de Naciones Unidas a fin de preguntarme si teníamos alguna objeción para el nombramiento de Iván Velásquez y ese mismo día le dije al canciller Fernando Carrera que informara que no teníamos”, indicó el gobernante.
“No lo conozco para nada, pero los antecedentes muestran a un magistrado con experiencia, y le ha tocado atender casos delicados de su país y ha salido adelante. Además, con 12 años de estar en las Corte Suprema de Colombia”, agregó el mandatario.
El jefe del Ejecutivo indicó que esperan que el nuevo titular de la CICIG llegue al país la próxima semana, porque el período de Dall´Anese termina el 2 de septiembre.
“Viene por dos años, al período de cierre de la CICIG, básicamente a trazar sobre la ruta y tiempo de retiro de la entidad en el país”, expuso Pérez, quien agregó que, en su opinión, el nuevo comisionado enfocará sus baterías en trasladar las capacidades que tiene la organización y dejarlas establecidas en el país.
Respecto a la denuncia que el magistrado de la Corte de Constitucionalidad Héctor Pérez Aguilera hizo por la supuesta presión del exsecretario de la CICIG, Thomas Pastor, el gobernante indicó que la entidad tendrá que pronunciarse, porque hay señalamientos y los magistrados levantaron incluso un acta de esa supuesta intimidación.
“La CICIG está acá para evitar ese tipo de tráfico de influencias y, sobre todo, deducir le responsabilidades a la persona que hizo este acto, por demás ilegal”, resaltó Pérez.
Investigó la “parapolítica”
En Colombia, Velásquez es conocido como el “investigador de la parapolítica”, por coordinar las pesquisas que llevaron a la cárcel a 60 congresistas vinculados con grupos paramilitares.
Veláquez inició su carrera en los años 80, como escribiente del Juzgado de Medellín. En 1992 fue nombrado Procurador Regional de Antioquia y se encargó de documentar las irregularidades en la cárcel La Catedral, construida por el capo Pablo Escobar, quien vivía a todo lujo en dicho recinto.
En 1997 fue designado Director Regional de Fiscalías de Medellín. Fue allí donde empezó a perseguir el paramilitarismo, con sus enlaces y financiadores. En el 2000 ingresó como magistrado auxiliar y en 2006 fue nombrado Coordinador de la estructura de la Corte Suprema encargada de investigar estos casos.
La página web de Caracol Radio, de Colombia, indica que Velásquez actualmente cuenta con medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “por la campaña de desprestigio iniciada en su contra durante el gobierno de Álvaro Uribe, que incluyó interceptaciones telefónicas ilegales y seguimientos”.
Las fuerzas de seguridad capturaron ayer a 18 personas entre empleados y exfuncionarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), así como particulares por delitos de corrupción en el manejo de Q12 millones de esa institución.
Entre los detenidos figura el exgerente Arnoldo Adán Aval Zamora; el ex subgerente administrativo Mynor Rodolfo Robles Valle y el ex jefe de Servicios de Apoyo, Marco Vinicio Rivera, quienes ejercieron su cargo durante la administración de Luis Reyes Mayén como presidente de la Junta Directiva del Seguro Social (lea: Los sindicados).
Las órdenes de captura fueron giradas por el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, en las cuales se les sindica de estafa propia, incumplimiento de deberes, peculado por sustracción, peculado por uso, peculado culposo, malversación, concusión, fraude, cobro ilegal de comisiones o cobro indebido en concurso ideal y continuado.
Según la imputación del Ministerio Público (MP), Aval Zamora, en su calidad de el gerente del IGSS, el 6 de agosto de 2012, recabó información sobre un inmueble ubicado en Morales, Izabal, al cual ordenó una evaluación técnica de planificación y desarrollo, con el objetivo de realizar una “una ampliación en el edificio con una sobrevaloracion de Q7 millones”.
Para este lunes, se programó la audiencia a fin de tomar la primera declaración de los detenidos, a quienes solo se les dio a conocer el motivo de su detención.
Auditoría revela saqueo
Walter del Cid, jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos, explicó que el caso surge tras una auditoría que realizó la Contraloría General de Cuentas (CGC) que evidencia un faltante y mal uso de Q12 millones.
“La auditoría inicial dio Q12 millones, pero sabemos que hay otra en curso que podría ser de Q8 millones más”, explicó el fiscal.
Los implicados están relacionados con la construcción de un módulo del Seguro Social en Morales, cuyo costo sería de Q3 millones, el cual tiene un 70% de avance. También hubo traslado a terceros de materiales de construcción (lea: Modo de operar).
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Tanto el presidente de Guatemala, Otto Pérez, como su canciller, Fernando Carrera, señalaron, en declaraciones que publica hoy la prensa local, que no tenían ninguna objeción a la designación de Velásquez para el cargo.
Luego de una reunión con su Gabinete de Seguridad en Casa Presidencial la noche del viernes, el mandatario dijo que el exmagistrado colombiano ya estaba confirmado en el cargo luego de ser designado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
Velásquez estará a cargo de la última etapa de la en este país centroamericano, cuyo mandato termina en septiembre de 2015.
Pérez dijo que en los dos años que faltan espera que la instancia de las Naciones Unidas traspase sus capacidades de investigación a las instituciones responsables de la persecución penal, en este caso al Ministerio Público (MP).
El jefe de Estado también comentó que aunque no conoce en persona al nuevo jefe de ese organismo de las Naciones Unidas, sí revisó su hoja de vida.
Velásquez ocupará desde el próximo lunes el cargo de Dall'Anese, quien ya se marchó de Guatemala.
La Cicig se instaló en este país centroamericano en 2007 para investigar y desmantelar a los grupos clandestinos de seguridad y, según el último informe presentado la semana pasada, desde esa fecha se ha logrado reducir la impunidad en Guatemala del 93 al 70 por ciento.
Según el informe del Insivumeh, existe ceniza dispersa a cinco kilómetros en dirección del viento, a una altura de dos mil 800 metros en el Pacaya.
La entidad informó, además, que los volcanes Santiaguito y Fuego, también mantienen actividad volcánica y existe la probabilidad que estos provoquen mayor efusión de lava y lahares en la zona donde están situados.
Según el Insivumeh el volcán Santiaguito presentó explosiones con columnas de ceniza fina a una altura de 3 mil 400 metros que se desplazan al oeste de la región occidental.
Mientras que el volcán de Fuego presentó explosiones a una altura de cuatro mil 300 metros, que se dispersan a diez kilómetros en direcciones Oeste y noroeste.
Además el Insivumeh alertó sobre un flujo de lava en dirección a barranca Trinidad.Los volcanes se mantienen con explosiones que han generado temblores y retumbos.
El Insivumeh recomendó a la Dirección General de Aeronáutica Civil tomar las precauciones con el tráfico aéreo, debido a la presencia de ceniza fina en los alrededores del volcán Santiaguito, Fuego y Pacaya.
"Nuestra sentencia está bien fundamentada y no existía razón para anularla", dijo Barrios en una entrevista con la AFP realizada en la sede de la organización civil Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de la capital mexicana.
"Como tribunal la respetamos porque viene de un órgano jurisdiccional de alta jerarquía.
Sin embargo, no la compartimos", señaló la juez, después de impartir una conferencia sobre la imprescriptibilidad en los convenios internacionales.
La Jueza desde junio cuenta con custodia permanente a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como medida de protección por las amenazas recibidas.
"Soy una persona honrada, soy una juez de mi país y no tengo porqué abandonarlo", manifestó Barrios, limitándose a decir que medios de comunicación guatemaltecos hicieron una campaña sistemática contra el Tribunal Primero de Mayor Riesgo A que ella preside, de cuya sentencia más conocida la magistrada habla poco pero de manera firme.
El pasado 10 de mayo Barrios condenó junto a los jueces Pablo Xitumul y Patricia Bustamante a Ríos Montt, de 86 años, a 50 años de prisión por genocidio y 30 años por crímenes de lesa humanidad por la masacre a manos del Ejército de 1,771 indígenas mayas-ixiles en el departamento de Quiché (norte), durante su gobierno de facto entre 1982 y 1983.
Pero unos días después la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia, considerada como un paso histórico en la lucha contra la impunidad en su país, aduciendo fallos en el debido proceso.
Cuando se le pregunta a Barrios sobre el hecho de haber sentado un precedente con su sentencia que convirtió a Ríos Montt en el primer exdictador de América Latina condenado por genocidio y por un tribunal de su mismo país, la magistrada repite: "Mi trabajo es administrar justicia, todos los días me tocan debates, tenemos procesos en los que tenemos que llegar a un fallo.
Es parte de mi trabajo cotidiano".
El pasado 4 de junio, luego de que Barrios, Xitumul y Bustamante se excusaran de retomar el juicio que la Corte Constitucional les devolvió argumentando que ya habían emitido una opinión, fue designado un nuevo tribunal para reiniciar el juicio por genocidio contra el exdictador aún sin fecha.
Aunque dice desconocer el rumbo que tomará el proceso contra Ríos Montt, la jueza Barrios considera que la sentencia que ella y su tribunal dictaron "es parte de la solución en el sistema de justicia de Guatemala".
El gobierno de facto de Ríos Montt, en el poder entre marzo de 1982 y agosto de 1983, fue uno de los más cruentos de la guerra civil en Guatemala, que dejó 200.000 muertos y desaparecidos, según un informe de la ONU.
Velásquez fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, donde coordinó investigaciones de alto nivel sobre los vínculos entre los grupos paramilitares y cargos públicos de su país, señaló un comunicado del portavoz de Naciones Unidas.
Además, Velásquez tiene "amplia experiencia" en la investigación y persecución de crímenes en la Fiscalía General de Colombia y como director regional de la Fiscalía en el departamento de Antioquia, añadió la nota.
El jurista colombiano sustituirá al exfiscal costarricense Francisco Dall'Anese, quien dejará el cargo oficialmente el próximo lunes, tras dimitir a finales de mayo pasado, aunque ya se fue de Guatemala.
Dall'Anese estuvo durante tres años al frente de la Cicig, una institución de las Naciones Unidas que se instaló en 2007 con el fin de contribuir a investigar a los grupos clandestinos de seguridad y combatir al crimen organizado en el país centroamericano.
El nuevo comisionado tendrá la tarea de concluir la última etapa de la presencia de la Cicig en Guatemala, ya que el mandato aprobado por la ONU concluye en septiembre de 2015.
En los próximos dos años, la Cicig se deberá enfocar en transmitir sus capacidades de investigación al Ministerio Público (MP) y a la Policía guatemalteca.
La Cicig se instaló en Guatemala en 2007 y su primer comisionado fue el español Carlos Castresana, quien renunció en junio de 2010 y en su lugar fue designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el exfiscal costarricense Francisco Dall'Anese.
Desde que comenzó a trabajar esa Comisión, la impunidad en Guatemala se redujo del 93 % al 70 %, dijo el pasado día 22 el fiscal Dall'Anese en una rueda de prensa
